En la mayoría de los países, la piratería se considera un delito o una infracción civil, dependiendo de la legislación aplicable, y las consecuencias legales pueden variar según el país y las circunstancias específicas del caso; pero muchas veces las leyes corren por detrás de la tecnología o las regulaciones. Las mesas de piratería analizaron las acciones jurídicas y legales que son necesarias para atacar este flagelo, la situación de los bloqueos de transmisiones ilegales y las soluciones públicas privadas para enfrentar al crimen organizado.
Al comenzar, Israel Reyes, Experto en ciberseguridad, mediante una videoconferencia desde Nueva Zelanda, resaltó la importancia de “crear marcos jurídicos y una agencia se ciberseguridad para la protección de la infraestructura crítica de una nación y sus datos.” También aseveró que “Hay una brecha entre los avances jurídicos y los tecnológicos, lo que nos deja vulnerables para la persecución de este delito”. Para concluir su intervención, aseguró que, “Es sumamente importante trabajar con el gobierno y la Justo para actualizar los marcos jurídicos existentes y lograr acuerdos internacionales”.
Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, comenzó diciendo que uno de los puntos importantes a destacar es que «los delitos cibernéticos se valen de la tecnología o Internet, para cometer o facilitar un crimen», por lo que «la ciberdelincuencia está asociada con un grupo de crimen organizado y la piratería, donde 3 o más personas están en la búsqueda de una recompensa monetaria ilícita”. También aseguró que hoy día los delitos informáticos «trascienden las fronteras, por eso es necesario y recomendable la creación de regulaciones transnacionales”. Para concluir, el ejecutivo de la OEA recomendó “establecer unidades o entidades encargadas de la investigación y procesamiento de los delitos de piratería, y actualizar la legislación y las medidas procesales», y propuso el impulso de «proyectos enfocados en acciones concretas para combatir y debatir sobre la piratería.”
El gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Telecom Argentina, Sergio Piris, abrió su presentación asegurando que hoy Telecom está protegiendo de la piratería a su producto Flow y los contenidos que produce y transmite por esa aplicación. Para ello, aseguró, «Tenemos un equipo interdisciplinario que trabaja para analizar los contenidos ilegales y la prevención de fraude en cada transmisión que realizamos. Además, creamos una herramienta propia llamada Cyber Brand Intelligence para la búsqueda de contenido ilegal». En referencia a las leyes sobre piratería, el ejecutivo aseveró que «En Argentina no todos los fiscales están capacitados para enfrentar los problemas que trae la piratería». En algunos casos tenemos que realizar acciones penales si sabemos que el sitio pirata está en el país. «Si desmantelamos esa operación y decomisamos todo el equipamiento, les va a costar mucho volver a montarlo» afirmó Piris.
También dijo que «Argentina es el país que más consume eventos deportivos de forma ilegal». En referencia a los bloqueos de transmisiones, dijo que «los bloqueos son importantes, sí. Pero tenemos que actuar seriamente en el tema, ya que somos también ISP y podemos afectar otros clientes. «A veces hay un tema de desconocimiento de cómo funciona una empresa de telecomunicaciones, por lo tanto, es difícil que puedan llevar adelante un bloqueo de forma segura». Un bloqueo puede afectar la red y dejar sin servicio a varios de nuestros suscriptores. «Los bloqueos tienen que ser temporarios y eliminarse tan pronto desaparezca la causa que lo causó».
Virginia Cervieri, presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando de Uruguay – CALPYC y Socia Directora del Estudio Cervieri Monsuárez de Uruguay, comenzó expresando que «Las leyes que tenemos en todos los países son leyes bastante viejas, se hicieron donde no existía Internet. Debemos ajustar las normas que tenemos a la realidad que vivimos».
La abogada aseveró que en Uruguay «la legislación acompañó, y acompañó a tiempo, acomodando las leyes hasta llegar a hoy, donde tenemos una ley que permite los bloqueos administrativos», asegurando que en Uruguay tenemos sanciones penales efectivas, donde la gente llega a ir a prisión».
Al referirse a los bloqueos, señaló que «Uruguay actúa de manera cautelosa frente al bloqueo».
Al finalizar su presentación, Cervieri destacó que «Uruguay fue el primer país en tener un hecho de ‘derecho al olvido’ que se ganó en segunda instancia. Fue un juicio que llevó muchos años en llegar a Google en EE. UU».
Ana Sousa, directora de Relaciones Estratégicas de la Alliance for Creativity and Entertainment – ACE, contó su experiencia y buenas prácticas, donde aseguró que desde ACE «trabajamos con muchas prácticas y colaboración con muchas entidades de América y Europa. Cada país tiene su particularidad, por eso trabajamos junto a cada país en los casos de piratería». Contó como en Brasil «la ‘Operación 404’ tiene 4 países y 20 unidades federativas involucradas, y se llegó a bloquear 1.974 sitios web y 783 apps bloqueadas, para ello, compartimos toda la información del pirata con las autoridades, y los allanamientos se implementan simultáneamente», finalizó.
Al concluir los dos paneles de piratería, Pablo García de Castro, director regional para el Cono Sur y Relaciones Institucionales de ASIET, presentó el informe que ASIET realizó sobre la piratería en la región, En el caso del Paraguay, se sitúa entre los primeros países con distribución de contenido ilegal. En el país, en torno a 6 de cada 10 contenidos que se reproducen son de sitios piratas». El ejecutivo contó que los usuarios de contenido ilegal «se concentran en VOD», y el fútbol «tiene más de 90.000 usuarios, formando un gran negocio económico». García de Castro aseveró que «el trabajo conjunto de las autoridades, operadores y las plataformas funciona. En 2023 se ha reducido a 1/3 las tazas en los motores de búsqueda, pero la contaminación en el conjunto de los Marketplaces ha aumentado y se encuentra alrededor del 19%, donde el Marketplace de Facebook tiene una contaminación del 32%». El ejecutivo concluyó que pese a la mayor oferta de contenido legal, «ha aumentado el consumo ilegal».